El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros el Proyecto de Real Decreto-Ley para la Reforma Urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, bajo una más que sospechosa apariencia de falta de acuerdo y un largo camino de trámite parlamentario y de desarrollo normativo que, con presunta seguridad, dejarán vericuetos para que CEOE, CEPYME, CCOO y UGT sigan manoseando esos fondos públicos, siendo coadjudicatarios y beneficiarios, esta vez compartiéndolos con entidades privadas que concurrirán con el mismo ánimo de lucro que el resto. La buena intencionalidad del gobierno con este RD se queda en el diagnóstico y en pequeños destellos arbitrariamente aplicables en el futuro, habiendo sufrido desde su primera redacción curiosas e injustificables metamorfosis.
Era el año 1992 cuando se privatizaba la gestión de la formación para trabajadores, pasando a ser las patronales y las organizaciones sindicales denominadas “más representativas” las que se adueñaban de la totalidad del sistema, institucionalizándose año a año en todos sus órdenes: legislando, aprobando, valorando, concediendo, siendo beneficiarios, ejecutando y autoevaluándose. Un colosal esperpento que lejos de corregirse se fue consolidando gobierno a gobierno.
En un intento más por blindar la privatización de algo que debía ser de gestión pública, el Real Decreto 395/2007 reguló un Subsistema de Formación Profesional para el Empleo caracterizado durante años por su ineficacia, falta de trasparencia, descoordinación crónica, carencia de planificación coherente y una más que evidente baja calidad. Todo ello, junto con los frecuentes fraudes y malas prácticas presentes en todos los ejercicios, han dado lugar a un sistema que no ha aportado gran cosa a las competencias profesionales de los trabajadores y trabajadoras ni a la competitividad de las empresas. Miles de millones de euros malgastados que pasaban anualmente por las cuentas corrientes de CEOE, CEPYME, CCOO y UGT bajo el amparo de una legislación que les garantizaba suculentos porcentajes por su gestión sin importar realmente la virtualidad final de esos recursos. Un subsistema en el que todos los implicados parecían sentirse muy cómodos: año a año, patronales y sindicatos hacían colas en las distintas administraciones y gobiernos tras la publicación de apetecibles convocatorias estatales o autonómicas, engordándose y surgiendo estructuras, entramados de entidades y empresas satélites de esas organizaciones, frotándose las manos ante una financiación que no paraba de incrementarse, convirtiéndose en un capítulo fundamental en el impresentable mal llamado diálogo social que hemos padecido todo este tiempo.
Años de crisis, millones de desempleados, miles de empresas desaparecidas por falta de competitividad, cientos de informes que cuestionan las competencias profesionales de los españoles, y un largo etcétera, no han sido suficiente motivo para que distintos gobiernos acometieran una reforma de la formación para el empleo alejada de los intereses de los agentes sociales y dirigida a los del conjunto de la ciudadanía.
Un sistema caduco, ante el cual, y tras cinco años de paripés de negociación, prórrogas, borradores varios, aderezados con escándalos de grandes magnitudes y sonrojantes informes del Tribunal de Cuentas, Gobierno, CEOE-CEPYME y CCOO-UGT no tenían más remedio que sentarse a revisar, con reuniones envueltas de secretismo, a puerta cerrada, con airados debates sobre porcentajes, importes, cuotas de poder en la Fundación Tripartita y en los órganos de decisión, estrambóticas propuestas y malabarismos de justificación, etc, etc. De calidad y eficacia se ha hablado poco, muy poco. Carroñeros ante un sistema que se descompone pero del que hay que seguir comiendo y aprovechándose mientras se pueda.
Negociaciones desesperadas de las que pareciera depender la propia subsistencia de modelos patronales y sindicales funcionalizados sin mérito ni capacidad, unas relaciones malolientes que, como en otras ocasiones, van en paralelo a la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que a puerta sellada negocian los mismos agentes y para más inri en la antesala de un completo año electoral.
Un gobierno más que pierde una oportunidad única de acometer una gran reforma vital para el futuro de nuestro país, histórica por la coyuntura y urgente para la mayoría social y empresarial de nuestro país. La Reforma integral prometida se queda en reforma light. Todos contentos.
